Callejón Informativo en @edomexaldia (18 de Octubre 2013)

Callejón Informativo
Por: José Alam Chávez Jacobo

– Propone PRD Transformar la PGJEM en un Órgano Constitucional Autónomo
– La figura del procurador pasaría a la de Fiscal General del Estado
– Para adquirir independencia del Ejecutivo y autonomía presupuestaria
– Destacados juristas han propuesto darle autonomía al Ministerio Público
– Propone Adrián Juárez Fiscalía para Delitos contra Adultos Mayores
– Sustituirán oficina de Comunicación Social por un Elevador en la Cámara de Diputados
– Propone Ulises Ramírez regular Manifestaciones y Reuniones Públicas

Contundente propuesta del Grupo Parlamentario del PRD en la LVIII Legislatura Local que ante los deficientes resultados de la oficina que representa al abogado de los mexiquenses plantea la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a un Órgano Constitucional Autónomo que sea determinante para el funcionamiento adecuado del Estado, particularmente en la solución de la problemática de la investigación y persecución de los delitos.

Se trata de una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 83 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México que parte de la idea de que el Ministerio Público debe ser independiente del Ejecutivo que proponen en el pasado Luis Cabrera y otros juristas como Héctor Fix Zamudio, Sergio García Ramírez, Rene González de la Vega, Diego Valadez y Jorge Carpizo Macgregor.

En la exposición de motivos, el diputado Armando Portuguez recordó que el Gobierno del Estado de México abordó una idea similar en el año de 2003, como parte de los trabajos realizados sobre la agenda de reformas constitucionales e institucionales, cuando se planteó convertir al MP en un órgano autónomo.

Pero en la práctica es claro que con un presupuesto de dos mil 424 millones 535 mil 78 pesos destinados a la PGJEM y Seis mil 634 millones 916 mil 342 pesos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las tareas de prevención como de persecución del delito no ofrecen resultados destacados, sino todo lo contrario.

Por ejemplo el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que tan sólo en lo que va del mes de enero a julio de este año, en la entidad se han registrado, con averiguación previa, la comisión de 159 mil 403 ilícitos, destacando entre estos, el robo con y sin violencia y en particular el robo de vehículos; las lesiones dolosas y culposas; los homicidios; las violaciones y los delitos patrimoniales como el fraude y la extorsión.

En cuanto al tema de la corrupción, hoy en día la sociedad en su conjunto no confía en las acciones que desarrolla la PGJEM, ya que la corrupción que prevalece en muchos de sus servidores públicos, ha propiciado esta falta de credibilidad y sus acciones deshonestas provoca que muchos delincuentes no sean castigados y por lo tanto un gran número de delitos quedan impunes.

Por eso el PRD en la LVIII Legislatura planteó transformar a la actual Procuraduría General de Justicia, en la Fiscalía General del Estado de México, con el carácter de Órgano Constitucional Autónomo, donde destaca el hecho de que el Gobernador mantendría la posibilidad de proponer a la Legislatura el nombramiento del titular de la misma.

Sin embargo la iniciativa establece que para la designación del Fiscal General del Estado de México, el Gobernador convocará a un concurso de oposición mediante el cual se examinarán los conocimientos, experiencia y trayectoria de los aspirantes. De entre quienes obtengan los cinco mejores lugares seleccionará una terna que presentará a la Legislatura para que ésta realice la designación correspondiente con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

El Fiscal General tendría una duración en el encargo de cinco años sin posibilidad de reelegirse. También establecer que el mandatario estatal o los diputados podrá solicitar a la Legislatura la destitución del mismo si en el desempeño de sus funciones cometiera faltas u omisiones graves, actuara reiteradamente con parcialidad, negligencia o cometiera delitos graves del orden común.

Por otra parte el proyecto prevé que la Ley Orgánica que regulará el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de México, en su carácter de organismo público autónomo, deberá expedirse en un plazo de 90 días a partir de su aprobación.

Obviamente se trata de una propuesta interesante que le daría fortaleza a la figura que en la actualidad desempeña el procurador de justicia pero que se subordina a las decisiones del gobernador en turno, sin embargo se enfrentará al análisis del oficialismo que censura todo aquello que pone en riesgo sus mecanismos de control. Pero para el análisis y el debate resulta altamente recomendable.

Atajos

Por la derecha: Adrián Juárez Jiménez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en la LVIII Legislatura, propuso un punto de acuerdo para exhortar al procurador general de Justicia del Estado de México, para crear la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Contra de Personas Adultos Mayores. Antes, recibió en la Cámara de Diputados a más de 50 adultos mayores de Tlalnepantla, que de alguna manera representan historias de vida en la tierra de en medio, pues se trata de un sector de la población que ha sido testigo del paso de diferentes políticos, unos buenos, otros regulares, pero otro tanto muy malos.

Por el centro: Todo parece indicar que en semanas próximas será reubicada la Dirección de Comunicación Social de la Cámara de Diputados pues su lugar será utilizado para la construcción de un elevador que diversos sectores califican como necesario en el recinto legislativo. De esta forma se prevé que antes de finalizar el año pudieran estar efectuándose los trabajos correspondientes, lo que significaría sacar el área de Comunicación Social de este sitio y llevarla a otro que hasta el momento no ha sido definido.

Por la derecha2: El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Ulises Ramírez Núñez, propuso en el pleno de la LVIII Legislatura, la iniciativa de Ley que regularía Manifestaciones y Reuniones Públicas en el Estado de México, considerando que en las últimas décadas este tipo de movilizaciones incrementaron su grado de violencia, así como de alteración del orden público, causando daños personales y materiales a terceros al faltar la libertad de tránsito.
El legislador consideró que la referida problemática social ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al investigar violaciones a derechos humanos, por ejemplo: los bloqueos sufridos en el Distrito Federal y que en la vía del fenómeno de la conurbación, afecta profundamente al Estado de México, demostrando la apremiante necesidad de legislar para la coexistencia de tan importantes derechos y libertades.

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