El Proceso Electoral 2012 dio inicio con la declaratoria formal por parte del Consejo General del IEEM, donde los partidos de oposición al PRI pidieron equidad y que se vigile de manera escrupulosa, tanto el gasto de precampañas y campañas, así como evitar que se infiltre el crimen organizado, mientras que los Consejeros reconocieron que la guerra sucia será una realidad, dado que siguen existiendo lagunas para su regulación en las redes sociales e internet.
De hecho la confrontación entre actores políticos y aspirantes a los diferentes cargos de elección popular tiene rato que inició en las llamadas redes sociales y páginas diversas de internet, pero tampoco resulta algo inédito. La situación atiende al derecho legítimo de los ciudadanos a expresar sus ideas, ante lo cual la autoridad electoral se ve imposibilitada para meter las manos.
El propio Consejero Juan Carlos Villarreal reconoció ayer que el órgano electoral únicamente podrá vigilar aquellas páginas de internet y sitios oficiales, tanto de partidos como de candidatos, afirmando que los particulares podrán hacer uso de su libertad de expresión, tal como viene ocurriendo de manera normal.
¿Pero hasta donde debe permitirse que los ciudadanos lleguen al grado de difamar o lacerar la imagen de determinados candidatos, argumentando el uso de su libertad de expresión? Lamentablemente esta es una discusión que no ha podido aclararse al seno de los institutos electorales, debido a que el crecimiento del internet no contiene regulaciones contundentes, en algunos casos por conveniencia de los partidos políticos.
Y es que el internet se constituye como un arma de doble filo; por un lado se convierte en un problema al operar libremente, pero en el fondo a todos los partidos les conviene tener una herramienta con la eficacia que representa para atacar a los contrarios, siendo difícil obtener sanciones porque los golpes se atribuyen a particulares, difícilmente los firman personajes conocidos en la élite de los contendientes.
Con la última Reforma Electoral, el acceso a los medios de comunicación electrónicos prácticamente privilegió la “equidad” y estableció mecanismos para sancionar aquellas apariciones de candidatos fuera de los tiempos establecidos, además evita la compra indiscriminada de espacios, precisamente uno de los elementos que tomó en cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular la elección de la alcaldía de Morelia, Michoacán.
También se pusieron candados para la guerra sucia en medios de comunicación regulados, por eso los partidos políticos encontraron en el internet la mejor herramienta para denunciar lo que no pueden hacer en la prensa, la radio y la televisión, además de que se ahorran una buena cantidad de recursos.
Las regulaciones actuales colocan al internet, incluidas ahí las redes sociales, como el gran medio de comunicación para reproducir, sin mayor costo, lo que en los “monitoreos” implicaría contundentes observaciones por parte de los órganos electorales y representa mayor contundencia que la penetración que, en algunos casos, ofrecen los medios tradicionales.
Por eso los Consejeros Electorales, tanto en lo federal, como en las entidades, que son propuestos por los partidos políticos en las Cámaras de Diputados, poco han hecho para buscar mecanismos de regulación en el internet, porque a todas luces aprovechan la contundencia que representa y porque en el fondo lo entienden como necesario para dirigir campañas llamadas sucias con la garantía de que tendrán receptores reales.
En las elecciones próximas observaremos el crecimiento de los llamados correos “spam” y seguidores fantasmas en el twitter, para criticar a determinados candidatos, de quienes recordarán episodios bochornosos, así como elementos que vulneren su honorabilidad, con el objetivo de incidir en el electorado. Y no pasará nada, porque los Consejeros Electorales no se pueden meter con los particulares que simplemente hacen uso de su libertad de expresión. Ni modo.

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