Callejón Informativo 

Por: José Alam Chávez Jacobo 

• Aprueban modificación a Ley Orgánica del Poder Judicial del Edoméx
• Controversial, tiene que ver con los Tribunales de Alzada
• Asumen funciones quienes no pasaron por las urnas 
• Decisiones de estos Tribunales podrían ser combatidas por presuntos inculpados 
• Terminar con nepotismo en DIF municipales: Miguel Gutiérrez 
• Que CDMX pague por disposición final de basura en Edoméx: Rescala 
• Pide Alejandro Casto que regresen Escuelas de Tiempo Completo 

En el ejercicio del poder, la necesidad operativa suele imponerse a la pureza del discurso. Lo ocurrido ayer en el Congreso del Estado de México es el vivo ejemplo de cómo una reforma de gran calado, como la judicial, ha obligado a las fuerzas políticas a buscar salidas de emergencia para evitar un colapso en la administración de justicia.

Tras una reunión privada en la sala de juntas “Andrés Manuel López Obrador” entre los liderazgos de morena y el PVEM, encabezados por Paco Vázquez Rodríguez, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, se definió el rumbo de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que horas después fue avalada en el Pleno. 

El mensaje público fue de unidad y coordinación entre poderes; el trasfondo, sin embargo, revela una compleja realidad institucional: la «legalización» de las Magistraturas de Facto.

Resulta cuestionable, desde el análisis técnico, que la LXII Legislatura haya optado por otorgar funciones de Magistraturas de Tribunales de Alzada a perfiles que no han pasado por el filtro de las urnas, contraviniendo el eje central de la reforma impulsada por la Cuarta Transformación. 

Paco Vázquez defendió la medida señalando que «no hay leyes perfectas» y que se trata de actualizaciones necesarias para el bienestar de los mexiquenses. No obstante, al blindar al Congreso de las críticas, se admite implícitamente que la transición judicial no previó la salida masiva de magistrados que hoy mantiene en vilo la segunda instancia.

Con esta modificación, la entidad ha decidido colocar un «parche» legal a la crisis de vacantes. Si bien la medida es urgente para evitar la parálisis, camina por la delgada línea de la contradicción constitucional. 

Al facultar a jueces de primera instancia para que, por «ministerio de ley», asuman funciones de magistrados, se crea una estructura de interinato que choca frontalmente con la retórica de eliminar las designaciones cupulares.

El núcleo de la reforma permite que las salas de apelación dejen de ser colegiadas para convertirse en Tribunales Unitarios. El argumento de abatir el rezago y garantizar la austeridad es impecable en la forma, pero riesgoso en el fondo. Para el justiciable, recibir una sentencia de un «magistrado interino» en un tribunal de un solo integrante abre una ventana de vulnerabilidad jurídica. 

Los abogados litigantes podrían encontrar en esta configuración argumentos para ampararse, alegando que el tribunal no estaba legalmente constituido según el espíritu original de la norma.

En este contexto, la intervención de la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, resultó pertinente. Advirtió que concentrar la revisión de una sentencia en una sola persona no solo debilita la calidad de la justicia, sino que podría resultar inconstitucional al vulnerar el derecho a una defensa técnica integral. 

Para Salinas, sacrificar estas garantías en el altar de la conveniencia administrativa es un retroceso que el ciudadano no debería pagar.

Y es que en términos llanos, el Congreso local ha legalizado una estructura de emergencia. Es la respuesta pragmática ante una reforma constitucional que no anticipó el colapso operativo provocado por la huida del talento judicial. El Edoméx intenta así sobrevivir al vendaval político, aunque en el camino se entreguen espacios de alta jerarquía a quienes, bajo el nuevo paradigma, deberían haber llegado ahí por la vía del voto y no por un acuerdo de oficina.

Para entender la relevancia de lo aprobado, hay que recordar que los Tribunales de Alzada son la última trinchera de la justicia estatal; son los encargados de revisar, corregir o confirmar las sentencias de los jueces de primera instancia mediante el recurso de apelación. Su función es garantizar que no existan errores legales o atropellos a los derechos humanos antes de que una sentencia sea definitiva.

Históricamente, estos tribunales operaron de forma colegiada —tres magistrados debatiendo un caso— para evitar la visión única. Sin embargo, la reforma permite ahora que funcionen como Tribunales Unitarios. Para el justiciable, recibir una sentencia de un «magistrado interino» en un tribunal de un solo integrante abre una ventana de vulnerabilidad jurídica. Ni modo. 

Atajos 

Por la izquierda: El diputado local de morena, José Miguel Gutiérrez, celebró la reciente obtención de libertad condicional para la señora Carlota en Chalco, quien enfrentaba un proceso tras defender su propiedad con un arma de fuego. El legislador aprovechó el caso para destacar el avance en la recuperación de más de 950 inmuebles por parte de la FGJEM en 66 municipios, al tiempo que impulsó reformas para endurecer las penas contra el despojo, buscando que la legítima defensa del patrimonio cuente con un marco jurídico más robusto en la entidad.

En un movimiento contra la discrecionalidad administrativa, Gutiérrez presentó ante el Congreso local una iniciativa para erradicar el nepotismo en los organismos de asistencia social municipales. La propuesta busca prohibir que familiares directos, cónyuges o personas con vínculos de afinidad hasta el segundo grado con los alcaldes ocupen cargos clave como la presidencia, secretaría o tesorería de dichos entes. Bajo la consigna de romper estereotipos de género y conflictos de interés, la reforma apunta a profesionalizar el servicio social y separar los afectos familiares de la gestión pública. Recordó que cuando fue presidente Municipal de Chalco no colocó a sus familiares al frente del DIF y busca que esta practica se lleve a cabo hacia el futuro.

Por el centro: El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXII Legislatura del Edoméx, Elías Rescala Jiménez, puso sobre la mesa un tema de justicia metropolitana que sacudirá las finanzas de la CDMX. La iniciativa propone cobrar un derecho de 200 pesos por tonelada de basura que estas entidades depositan en territorio mexiquense. Con más de 10 mil toneladas diarias provenientes solo de la capital del país, Rescala busca recaudar más de 875 millones de pesos anuales, de los cuales dos terceras partes se quedarían directamente en los municipios afectados como Naucalpan, Chicoloapan e Ixtapaluca. Bajo la premisa de que «quien contamina, paga», el líder priista apuesta por la trazabilidad de los desechos para que el Edoméx deje de ser el «patio trasero» gratuito de sus vecinos.

Por el centro2: En la misma conferencia, el diputado Alejandro Castro Hernández retomó una de las banderas más sensibles para las familias mexiquenses: el regreso de las Escuelas de Tiempo Completo. Castro argumentó que la desaparición del modelo no solo mermó el aprovechamiento escolar, sino que golpeó directamente la economía de las mujeres trabajadoras que han visto limitada su participación laboral ante la falta de espacios seguros y extendidos para sus hijos. La propuesta busca que el presupuesto estatal garantice nuevamente la jornada ampliada y el servicio de alimentación, marcando un contraste directo con la política educativa federal que eliminó el programa.