Callejón Informativo

Por: José Alam Chávez Jacobo

• El Silencio Cómplice y el «Foco Rojo» en Secretaría de Movilidad
• Pese a contundentes observaciones de la ASF llegó a este cargo en el estado 
• Corresponden a su gestión en Valle de Chalco 
• PT detuvo la revocación de mandato en elecciones del 2027
• Ve PRI, Plan B como una trampa para no perder el poder 
• Inicia Toluca programa intensivo de bacheo 

En el Estado de México, donde la narrativa oficial se construye diariamente bajo las banderas de la transparencia y la honestidad, hay silencios que resultan evidentes. En el entorno público nada se ha dicho sobre las contundentes observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto sobre la mesa respecto a la gestión de Armando García Méndez en Valle de Chalco. Un silencio que se vuelve aún más incómodo si consideramos que, apenas en febrero, este personaje fue ungido como Subsecretario de Movilidad en el Gobierno del Estado.

La máxima del movimiento que hoy gobierna la entidad es «no mentir, no robar y no traicionar». Sin embargo, los datos duros de la Cuenta Pública 2024 (entregados formalmente en febrero de 2026) presentan un escenario que choca de frente con este ideal. Valle de Chalco Solidaridad no solo aparece en la lista de municipios observados; la encabeza con un monto que roza los 966.3 millones de pesos.

Para entender la magnitud del caso, hay que desmenuzar los tiempos de la ley. La información que hoy sacude al oriente mexiquense corresponde a la Cuenta Pública 2024, el último año completo de la administración de García Méndez. Por procedimiento legal, la ASF entrega sus resultados en tres etapas; la Tercera Entrega, que es la definitiva y la que contiene las auditorías a los municipios, se presentó formalmente ante la Cámara de Diputados este pasado febrero de 2026.

Es decir: los datos son frescos, oficiales y definitivos en su etapa de hallazgos. No es un «refrito» del pasado, es el cierre de pinzas de la fiscalización federal sobre el dinero que los mexiquenses pagaron con sus impuestos.

Bajo este calendario, la contradicción de la 4T es frontal. Mientras en febrero la ASF documentaba que en Valle de Chalco se observó prácticamente el 100% de la muestra auditada (un boquete de 966.3 millones de pesos), el sistema político local le abría las puertas del gabinete estatal.

En Seguridad (FORTAMUN), faltan por aclarar 640 millones de pesos.

En Infraestructura (FAISMUN), otros 326 millones carecen de expedientes técnicos que prueben que el dinero llegó a las calles.

Para un gobierno que presume anteponer la honestidad, el nombramiento de García Méndez en la Secretaría de Movilidad —ocurrido en el mismo mes del estallido de la auditoría— parece un contrasentido. Lo que debería ser motivo de una investigación profunda o, al menos, de una explicación pública por parte de la bancada de Morena en la Legislatura, ha sido recibido con un mutismo absoluto.

¿Cómo se explica que el administrador del municipio con la mayor opacidad documental de la entidad sea premiado con una subsecretaría estratégica? Ni el Congreso Local, con su facultad fiscalizadora, ni el aparato de control interno del Gobierno del Estado han emitido un pronunciamiento que dé certidumbre a los mexiquenses sobre este caso.

El ascenso de Armando García a la Subsecretaría de Movilidad, en el mismo mes que estalló la «bomba» de la ASF, deja una pregunta en el aire: ¿Es este nombramiento un refugio político ante la inminente etapa de solventación de cuentas o simplemente un descuido en los filtros de confianza de la administración estatal?

En el Edoméx de la transformación, el caso de Valle de Chalco se ha convertido en el elefante en la habitación. Ignorar los datos de la Auditoría Superior de la Federación no desaparece el boquete financiero; solo debilita la narrativa de un gobierno que prometió ser diferente. Al final, la transparencia no se presume, se ejerce, y hasta ahora, el caso del nuevo subsecretario de Movilidad es la mancha que el discurso oficial no ha querido limpiar.

Interesante.

Atajos

Por la izquierda: En una jornada de reclamos y acusaciones, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular (reservas) el llamado «Plan B» de la reforma electoral, pero no sin dejar heridos en el camino. La nota discordante la puso el Partido del Trabajo (PT), que en un movimiento que se advertía decidió no avalar la propuesta de adelantar la revocación de mandato al 2027. Para los diputados de Alberto Anaya, empatar este ejercicio con las elecciones intermedias —donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas— representa un riesgo estructural que podría «contaminar» los procesos locales. Pese a que la reforma pasó con el apoyo de Morena y el Verde, el mensaje es claro: la cohesión del bloque oficialista tiene fisuras cuando se trata de la supervivencia territorial de sus aliados menores.

La «Joya» se queda igual: Tras una ríspida discusión de reservas, la figura de la revocación de mandato se mantuvo bajo los términos que ya se conocían, desechando el intento de algunos sectores por forzar su ejecución en el tercer año de gobierno de forma obligatoria. Para la oposición, el que la presidenta pueda aparecer indirectamente en la boleta del 27 sigue siendo un «fraude a la Constitución», pero para el oficialismo es una victoria que consolida la democracia participativa. No obstante, el PT dijo que se mantienen del lado de la presidenta hasta el 2030. 

Por el centro: Desde la tribuna del Senado, la mexiquense Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del PRI, no se anduvo con medias tintas al calificar el «Plan B» no como una reforma, sino como una «trampa para no perder el poder». La senadora priista fue incisiva al señalar que el bloque oficialista no busca corregir el sistema electoral, sino blindarse ante un respaldo popular que, a su decir, se debilita por errores y alianzas inconfesables. 

Para Ruiz Sandoval, la imposición de una «mayoría artificial» en la Cámara Alta es el síntoma de un autoritarismo que intenta quedarse con el mando a cualquier costo, incluso traicionando las reglas de la apertura democrática. 

Con la advertencia de que «México no se negocia», la senadora dejó claro que el PRI dará la batalla legal y política, elevando el tono de la confrontación justo cuando las fracturas entre Morena y el PT por la revocación de mandato en el 2027 quedaron expuestas. En el cuartel tricolor, la consigna es una: resistencia total, dijo. 

Por la izquierda2: En la capital mexiquense, el alcalde Ricardo Moreno Bastida ha decidido que la batalla por la aprobación ciudadana en este 2026 se libre calle por calle. Con el inicio del Programa Intensivo de Bacheo, Toluca busca sanar un deterioro histórico que no da tregua, proyectando la reparación de 20 mil baches en apenas seis meses. Lo interesante aquí no es solo la cifra —que cubre una superficie de 104 mil metros cuadrados en las 48 delegaciones— sino la apuesta por la «tecnocracia vial». El ayuntamiento ha puesto en marcha una Plataforma de Supervisión Inteligente que permite monitorear las cuadrillas en tiempo real y vía Zoom. Si la aplicación «Toluca en tus Manos» logra canalizar la frustración vecinal en soluciones visibles en zonas críticas como El Seminario, Cacalomacán o San Mateo Otzacatipan, Moreno no solo estará tapando hoyos, sino pavimentando el camino político hacia el 2027 con una gestión de resultados medibles.