Callejón Informativo
Por: José Alam Chávez Jacobo

Proponen secretarlo del PRI y regidora legalizar interrupción legal del embarazo antes de 12 semanas
La iniciativa entregada a Legismex prevé indulto del Ejecutivo a quienes hayan sido juzgadas entre 2007 y 2016
Feminicidios llegaron a un punto insostenible: PVEM
Se reúnen alcaldes de Huixquilucan y Chimalhuacán con curas de la zona oriente

En medio de la coyuntura de violencia en contra de las mujeres y la exigencia de ciertos sectores a legalizar el aborto; Omar Olvera Herreros, secretario de Asuntos Legislativos del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Paola Jiménez Hernández, regidora de Toluca, propusieron a la LX Legislatura Local, legalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, así como dar la posibilidad al gobernador para otorgar indulto a quienes hayan sido juzgadas por esta causa.

Omar Olvera, quien fue secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura y Paola Jiménez, ambos de Toluca, entregaron la iniciativa de ley a la Cámara de Diputados, que plantea la modificación del plazo para interrumpir el embarazo, homologar
el tiempo para permitir la interrupción no punible, con el estipulado para la Ciudad de México.

Además buscan que el cambio se acompañe de una transformación dentro del derecho civil, puesto que actualmente, en la entidad, se considera persona física al cigoto, lo que lo envuelve en una esfera de protección legal.

Con la finalidad de diluir el debate histórico de carácter jurídico entre vida humana y persona física, se propone establecer que la condición de persona para el derecho civil se otorgue después de la décima segunda semana de gestación, a fin de que toda la carga de derechos civiles sea otorgada luego de este plazo, no obstante, se reafirma la protección de la ley desde la concepción humana.

El proyecto garantiza la protección a la reproducción humana desde el momento de la fecundación, lo cual ocurre en un tiempo indeterminado, por lo que desde ese momento el producto de la concepción es tutelado y protegido por la ley, es decir se prioriza el cuidado de la vida.

El documento considera que “dicho producto no es persona física, por lo que la norma no le reconoce la totalidad de los derechos acorde a esta figura, sino hasta pasadas las doce semanas que se menciona”.

Aunado a lo anterior, los jóvenes priistas sugieren establecer una serie de mecanismos de carácter administrativo que definan la obligación del Estado de prestar el servicio de interrupción legal del embarazo de forma gratuita, segura e informada, reafirmando el derecho de las mujeres a la autoderminación y el libre desarrollo de la personalidad, a través de modificación al Código Administrativo.

En cuanto a la modificación de la Ley de Indulto del Estado de México, proponen que el Gobernador otorgue este beneficio, por gracia, a las mujeres contra las que se haya ejercido acción penal por el delito de aborto, tomando en cuenta que entre 2007 y 2016, se realizaron cuatro mil 246 denuncias por aborto en todo el país.

Las entidades con mayor número de denuncias fueron la Ciudad de México (894), Baja California (878), Veracruz (416), Nuevo León (339) e Hidalgo (207). Pero que, además, 228 personas fueron sentenciadas, principalmente en el Estado de México (38), Veracruz (38), Tamaulipas (19), Sonora (18) e Hidalgo (15).

El proyecto de decreto establece modificaciones a los artículos 248, 250 y 251 del Código Penal, para que se estipule que “el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.
Para los efectos de dicho Código, quedaría establecido que “el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”.

Y establecería que “al que provoque la muerte del producto de la concepción después de la décima segunda semana del embarazo intrauterino, se le impondrá: (1) De cinco a ocho años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa, si se obra sin consentimiento de la mujer embarazada; (2) de tres a seis meses de prisión y de treinta a 200 días de multa, si se obra con el consentimiento de la mujer; y (3) de ocho a 10 años de prisión y de 50 a 300 días de multa si se emplea violencia física o moral.

La propuesta puntualiza modificaciones al artículo 250, donde se fijaría que “a la mujer que diere muerte al producto de su propia concepción o consintiere en que otro se la diere, se le impondrán de uno a tres años de prisión”.

Con las modificaciones, no sería punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; si el embarazo es resultado de un delito de violación; o cuando de no provocase el aborto, la fémina corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

Tampoco sería punible la muerte dada al producto “cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la madre”.

Los proponentes refirieron que es evidente la falta de regulación en favor de las mujeres en cuanto a este tema, únicamente existen casos aislados como el de la Ciudad de México, Cuba o Uruguay, donde se apostó por modificar, a través del Derecho, las reticencias sociales que derivan frecuentemente de concepciones ético-religiosas, a pesar que diversos criterios jurídicos coinciden en reconocer la libertad de las madres a decidir sobre su cuerpo. Habrá que ver la postura de los Grupos Parlamentarios, si por lo menos la analizan o la dejan en el cajón del escritorio.

Atajos

Por la izquierda: El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, aseguró que la violencia de género y los feminicidios han llegado a un punto insostenible, por lo que reconoció la organización de las mujeres para levantar la voz frente a las autoridades.
Couttolenc subrayó que el machismo que se vive en la mayoría de los municipios es verdaderamente asqueroso, además dijo que se necesita viva e iguales a las mujeres.
“Las necesitamos, que quede claro, vivas, libres e iguales, somos gracias a ustedes, hoy quiero decirles lo valiosas que son y que nos toca a todos luchar por ustedes”, subrayó.

Por la derecha: El alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar y su homólogo de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, dirigente del movimiento Antorchista, se reunión ayer en la tarde con sacerdotes católicos.
Vargas del Villar y el dirigente antorchista se han dejado ver en diferentes reuniones, por lo que ahora se confirma que tienen coincidencias en la zona oriente de la entidad.