
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) a través de la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria, acudió a los Centros de Prevención y Reinserción Social (CPRS) que albergan el 80% de la población penitenciaria de la entidad, para verificar la implementación de medidas precautorias que eviten posibles contagios de Coronavirus Covid-19.Atendiendo las indicaciones del ombudsman Jorge Olvera García, los días sábado y domingo, servidores públicos del organismo defensor constataron que las autoridades de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS) de la entidad, pusieron en marcha las acciones solicitadas por la Codhem, para proteger la salud tanto de los internos como de familiares durante la visita a procesados y sentenciados.Los centros penitenciarios visitados son: Santiaguito, Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Texcoco, Cuautitlán, Tlalnepantla y Tenango del Valle.Destaca la limitación del ingreso de familiares a una sola persona por cada visita; la distribución de gel antibacterial y jabón de manos a los visitantes; y la presencia de personal médico para revisarlos, el cual recibió cubrebocas y guantes.La prohibición del ingreso a personas de la tercera edad, niñ@s, enfermos crónicos o con algún síntoma, y mujeres embarazadas; y reducción del tiempo de visita a tres horas máximo.Asimismo se brinda información oficial a las personas sobre la contingencia, a través de dípticos y lonas informativas; por su parte, el personal de la Codhem difunde los derechos humanos colectivos y sensibilizó a las personas para respetar las medidas de distanciamiento social.Por último, se verificó que las autoridades penitenciarias incrementaron la comunicación telefónica de las Personas Privadas de Libertad (PPL) con sus familiares; e instruyeron a darles facilidades para ingresar productos alimenticios y de aseo personal para los internos.De esta manera, la Defensoría de Habitantes se mantiene atenta para que se cumpla con las disposiciones de los gobiernos federal y estatal para mantener informada a la población penitenciaria y sus familiares sobre la situación que priva en los penales, derivado de la pandemia y sobre todo, se respeten los derechos humanos de las PPL y se garantice el orden y la estabilidad de las instituciones carcelarias.