Callejón Informativo 

Por: José Alam Chávez Jacobo 

• Temen en Chihuahua destitución de la gobernadora Campos 
• Un asunto que no solo compete a esa entidad, es de relevancia nacional 
• Quieren cargar responsabilidades en Fiscalía de Justicia 
• Importante analizar cadena de mando 
• Señala PRI irregularidades en Tultitlán 
• Acude Enrique Vargas a reunión en Guardia Nacional 
• Recibe Paco Vázquez a legisladores de Puebla 

La renuncia de César Jáuregui Moreno a la Fiscalía General de Chihuahua no debe leerse como un acto de dignidad, sino como una maniobra de control de daños en la víspera de la “visita” de la gobernadora, Maru Campos Galván, al Senado de la República. Mientras tanto, en el escenario público ronda la sombra de la destitución, el juicio político y posibles acciones penales por violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Este caso no solamente atañe a los habitantes de Chihuahua; cobra relevancia nacional porque se trata de un acontecimiento inédito que se le atraviesa al Gobierno Federal. Es un tema que el oficialismo sabrá capitalizar rumbo al 2027, justo cuando desde el sexenio pasado se ha mantenido una narrativa que acusa al panismo de traición a la patria y de promover el intervencionismo estadounidense.

El nerviosismo que se respira en el Palacio de Gobierno de Chihuahua es palpable. La salida del fiscal es el intento desesperado de la gobernadora Maru Campos por colocar un responsable directo y evitar que las consecuencias la alcancen. Dependerá estrictamente de las negociaciones políticas si el impacto se detiene en la Fiscalía o sacude la estructura del Ejecutivo estatal.

Al entregar la cabeza de su principal operador, la mandataria busca desviar la responsabilidad de la incursión de presuntos agentes de la CIA hacia la supuesta autonomía de la Fiscalía, intentando salvar su propia permanencia en el cargo. Sin embargo, el margen de maniobra es estrecho. En términos legales, lo ocurrido en la Sierra Tarahumara no es un error de procedimiento, sino una violación a la soberanía nacional.

El Artículo 89 de nuestra Constitución no deja lugar a interpretaciones: la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas de la Federación. El hecho de que agentes extranjeros operaran armados o en labores de inteligencia, sin el reporte obligatorio a la Cancillería y a la Secretaría de Seguridad, constituye una causa grave que vulnera el Pacto Federal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática: nadie pasará por encima del Estado de Derecho. En este contexto, el escenario del Juicio Político, previsto en el Artículo 110 Constitucional, deja de ser una amenaza retórica para convertirse en una posibilidad real. La sanción por vulnerar la soberanía no se limita a una amonestación; implica la destitución e inhabilitación de quien, por acción u omisión, permitió la injerencia extranjera.

Estamos ante un caso de una gravedad sin precedentes en los últimos años; un escándalo que fractura el escenario público en un momento de máxima algidez política. Maru Campos llega al Senado de la República con la obligación de justificar lo injustificable. Según el Artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional, deberá explicar por qué no informó en tiempo y forma sobre la presencia de dichos agentes en su territorio.

Asimismo, la gobernadora deberá acreditar que la orden de permitir esta colaboración binacional no emanó de su oficina, algo difícil de sostener dada la jerarquía de mando en las entidades de oposición. Tendrá que responder bajo qué convenio —inexistente a nivel estatal— se permitió que personal de la CIA participara en tareas de seguridad pública que corresponden únicamente a las instituciones mexicanas.

Maru Campos arriba a la Cámara Alta en una posición de extrema debilidad, con una Fiscalía acéfala y un Gobierno Federal que no parece dispuesto a otorgar concesiones en temas de soberanía. Chihuahua se ha convertido en el laboratorio de lo que sucede cuando una administración estatal intenta jugar a la diplomacia paralela, ignorando las reglas básicas de la Nación.

Lo que se juega en las próximas horas no es solo la carrera de una gobernadora, sino el respeto irrestricto a la Constitución de un país que, en palabras de la jefa del Ejecutivo Federal, no acepta operaciones armadas extranjeras en su territorio. El mensaje es claro y el costo político apenas comienza a calcularse.

Bajo este esquema, la clave del proceso radicará en acreditar la cadena de mando para determinar quién fue el responsable directo de omitir el informe obligatorio a la Federación. Según la Ley de Seguridad Nacional, cualquier interacción con agentes extranjeros debe ser notificada de inmediato a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

El funcionario que haya autorizado o permitido la operatividad de la CIA sin gestionar el permiso federal correspondiente, incurre en una falta que trasciende lo administrativo para entrar en el terreno de los delitos contra la seguridad del Estado.

Las sanciones para quien resulte responsable de esta omisión son drásticas: el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas contemplan desde la destitución inmediata e inhabilitación por hasta veinte años, hasta penas de prisión que podrían alcanzar los cuarenta años si se tipifica como traición a la patria por exponer la soberanía nacional. En Chihuahua, el sacrificio del Fiscal podría no ser suficiente si la investigación federal demuestra que la cadena de mando apunta hacia una instrucción superior, dejando a la gobernadora en una situación jurídica de pronóstico reservado.

Estemos atentos.

Atajos 

Por el centro: La presidenta del CDE del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, denunció la existencia de presuntas irregularidades administrativas y casos de nepotismo en el Ayuntamiento de Tultitlán. Informó sobre la apertura de una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción mexiquense, bajo el número TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, derivada de una operación inmobiliaria de 43.5 millones de pesos por 27 hectáreas de terrenos ejidales. Asimismo, señaló la asignación de contratos por 72.7 millones de pesos a una sola empresa y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 2.8 millones de pesos por falta de documentación comprobatoria.

La dirigente priista detalló que la actual estructura de gobierno municipal incluye a tres familiares de la alcaldesa Ana María Castro Fernández y al esposo de la exalcaldesa Elena García Martínez como Secretario del Ayuntamiento. Ruiz Sandoval vinculó esta gestión administrativa con indicadores que reflejan que el 92 por ciento de la población reporta afectaciones por baches, el 74 por ciento enfrenta carencia de agua y 8 de cada 10 habitantes manifiestan sentirse inseguros. Ante estos señalamientos, solicitó la realización de auditorías profundas y la resolución de las investigaciones vigentes por parte de las autoridades competentes.

Por la derecha: El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, acudió a una reunión en las instalaciones de la Guardia Nacional en donde su titular Guillermo Briseño explicó a la Comisión de la Guardia Nacional, un informe acerca de las actividades que están llevando a cabo actualmente en el país. 

El senador mexiquense, Enrique Vargas del Villar, también participó en la reunión de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, en la Comisión de Justicia.

Por la izquierda: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense, Paco Vázquez Rodríguez, estrechó lazos institucionales con su homólogo de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez. El encuentro entre los titulares de las Jutas de Coordinación de ambas entidades no fue solo de cortesía; se centró en un intercambio técnico sobre el trabajo parlamentario y la construcción de agendas que consoliden la transformación en el centro del país. 

Vázquez destacó que la apertura y las coincidencias políticas son el motor para transformar el diálogo en acciones legislativas concretas en favor de la gente.

Para el líder de la bancada mayoritaria en el Estado de México, estos acercamientos permiten nutrir la labor legislativa local con experiencias exitosas de otros estados. El objetivo, señaló Paco Vázquez, es seguir construyendo un marco legal que responda con cercanía y resultados a las necesidades del pueblo. Con este puente hacia el Congreso poblano, el legislador mexiquense reafirma su compromiso de sumar esfuerzos para que el avance de la agenda pública sea coordinado y con una visión regional de compromiso social.