Callejón Informativo 

Por: José Alam Chávez Jacobo 

• Aprueba Congreso reforma electoral conveniente para grupos de poder 
• Coordinadores parlamentarios con cancha libre para reelegirse en 2027
• Presidentes y Presidentas Municipales también se perfilan a reelección 
• Abren paso para procurar espacios para jovenes 
• Pero cierran paso a candados al crimen organizado 
• Propone Octavio Martínez reformar la Ley de Contratación Pública 
• Caravanas Itinerantes por la Justicia Social en San Mateo Atenco 
• Propone Enrique Vargas reformar las leyes de Instituciones de Crédito, de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Bajo la bandera de la austeridad y la transformación, la LXII Legislatura mexiquense aprobó reformas que, en el discurso, prohíben la reelección y el nepotismo, pero que en la «letra chiquita» contienen un blindaje de supervivencia: la prohibición entrará en vigor hasta el 2030.

Con este movimiento en los artículos transitorios, se evita cualquier conflicto interno y se despeja el camino para que la actual clase política busque mantenerse en el poder en los comicios de 2027. La jugada es clara: quien hoy votó la reforma, aún tiene derecho a repetir en la curul, además se procura a quienes están en el poder, en los ayuntamientos mexiquenses.

Este «pase automático» no es casualidad. Al postergar la prohibición, se garantiza que los actuales coordinadores parlamentarios puedan perfilase para la reelección en 2027, manteniendo el control de sus bancadas y la interlocución con el Ejecutivo. Entre los nombres que ya se perfilan para quedarse están:

• Paco» Vázquez Rodríguez:  (Morena)
• Elías Rescala Jiménez: (PRI)
• Pablo Fernández de Cevallos; (PAN)
• Pepe Couttolenc Buentello: (PVEM)
• Juan Zepeda Hernández: (Movimiento Ciudadano)

Incluso el caso de Omar Ortega (PRD) queda en el aire, pues aunque ha hilado varias reelecciones, este nuevo marco legal le otorga una ventana de interpretación para buscar un periodo más.

Mientras los coordinadores aseguraban su permanencia, el bloque mayoritario rechazó las propuestas de la oposición para endurecer los filtros contra el crimen organizado. Se desechó la exigencia de manifestar bajo protesta de decir verdad la ausencia de nexos delictivos y se negó que la autoridad electoral solicite informes a la FGJEM. 

Lo anterior pese a que, en el ámbito nacional, morena ha dicho que pondrá filtros en los procesos internos para cerrarle el paso precisamente a gente con posibles nexos criminales o incluso mala reputación pública.

En el tema de las cuotas de juventud (21-29 años para diputados y 18-29 para ayuntamientos), la reforma quedó en una buena intención, pues al usar el término «procurará», no obliga a los partidos a ceder espacios reales, dejando la puerta abierta para que los mismos cuadros sigan encabezando las listas.

Finalmente, el «apretón de cinturón» fue para otros. El presupuesto del Congreso se topó al 0.70% estatal, rechazando la propuesta del PRI de sacar al OSFEM de este límite, lo que mermará la capacidad del brazo fiscalizador mientras la clase política se regala tres años más de vida pública. Aunque es importante destacar que el Congreso esta por debajo del porcentaje, en su presupuesto anual. 

En fin, la LXII Legislatura nos regaló una clase magistral de supervivencia. Nos vendieron el fin de la reelección y el combate al nepotismo con bombo y platillo, pero los transitorios revelan que el 2027 no se toca.

Los coordinadores Paco Vázquez, Elías Rescala, Pepe Couttolenc, Pablo Fernández y Juan Zepeda quedan en vía libre para defender estas posiciones hacia el 2027, tal como lo harán los y las presidentas Municipales de las demarcaciones mas importantes, electoralmente, del estado de México. 

De esta manera, la transformación suena bien en el discurso, pero en la práctica el mensaje es: «que se acabe la reelección… pero en 2030”, un año después de la renovación de la Gubernatura que marcará un nuevo mapa politico en términos de grupos internos en los partidos de mayor peso. 

Estemos atentos.

Atajos 

Por la izquierda: Con la consigna de cerrar el paso a la discrecionalidad y el mal uso de los recursos públicos, el diputado local de Morena Estado de México Octavio Martinez Vargas presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, enfocada en robustecer la transparencia y la vigilancia ciudadana en las licitaciones y adjudicaciones.La propuesta surge en un contexto donde el legislador ha sido una de las voces más críticas dentro de la LXII Legislatura respecto a los «excesos y opulencia» de administraciones pasadas, señalando que la transformación del estado no será completa si no se blindan los procesos donde se ejerce el dinero del pueblo. El objetivo central de la iniciativa es elevar los estándares de rendición de cuentas, obligando a las dependencias estatales y municipales a adoptar mecanismos de procesos abiertos. Martínez Vargas subrayó que la eficiencia en el gasto no solo depende de cuánto se ahorra, sino de cómo y a quién se le contrata.»Buscamos fortalecer los mecanismos de control para que cada peso invertido sea vigilado no solo por las instituciones, sino por la propia ciudadanía. Procesos más abiertos significan menos espacios para la corrupción», destacó el legislador mexiquense.

Por el centro: Con el objetivo de facilitar el acceso a la certeza jurídica y servicios administrativos fundamentales, la alcaldesa de San Mateo Atenco Ana Muñiz Neyra puso en marcha la tercera edición de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social en la explanada cívica Benito Juárez de este municipio.Este programa, que resulta de la colaboración entre el Gobierno del Estado de México y la administración municipal, busca eliminar las barreras de tiempo y costo para las familias atenquenses, concentrando en un solo lugar la atención de 35 dependencias de los tres niveles de gobierno.Durante la inauguración, Ana Muñiz Neyra agradeció el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarezy del titular de la Consejería Jurídica mexiquense, Jesús George Zamora, destacando que esta es la tercera ocasión en que la Caravana visita el municipio gracias a las gestiones realizadas para atender las necesidades ciudadanas.

Por la derecha: En el terreno legislativo federal, el senador mexiquense Enrique Vargas del Villar ha puesto el dedo en una llaga que duele a millones de hogares: el costo del crédito y la opacidad de las instituciones financieras. Bajo la premisa de que el acceso al financiamiento no debe convertirse en una sentencia de insolvencia, el vicecoordinador del PAN en el Senado presentó una iniciativa de ley para reformar las leyes de Instituciones de Crédito, de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como de los Sistemas de Pagos. La propuesta es clara: imponer topes máximos legales a los costos operativos y, sobre todo, a los intereses moratorios que hoy se pactan libremente. Vargas del Villar advierte que, si bien la banca es un motor del desarrollo, la falta de límites razonables ha transformado el crédito en un mecanismo de sobreendeudamiento. El legislador mexiquense sustenta su propuesta en una realidad estadística alarmante: la cartera de crédito al consumo en México supera los 1.7 billones de pesos. Con una tasa de morosidad promedio del tres por ciento, la ausencia de topes legales permite que los intereses moratorios no solo superen a los ordinarios, sino que se capitalicen (se sumen al capital adeudado), creando deudas exponenciales que Vargas califica como «relaciones asimétricas» de superioridad técnica y económica que el Estado no debe permitir.