Callejón Informativo 

Por: José Alam Chávez Jacobo 

• El oficio político al servicio de los derechos humanos
• El papel del ombudsman mexiquense frente a los poderes del estado 
• Y en un escenario de dominio de la 4T
• Encabeza Fernando Flores encendido de más de 200 nuevas luminarias de alta tecnología
• Garantiza Azucena Cisneros acciones para mejorar dotación de agua potable 

Dirigir un organismo constitucional autónomo, como la defensoría de habitantes, nunca ha sido tarea sencilla, menos aun en los tiempos que corren. Hacerlo, además, en una institución cuya naturaleza es proteger, promover y defender los derechos humanos implica un desafío en los tiempos de la 4T, teniendo como referencia el papel que juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Y es que el rol que debe asumir el Ombudsman, en el caso del estado de México, la entidad más importante del país, debe ser de una sana y estricta independencia frente al poder, ejercer autoridad moral frente a las instituciones que suelen ser señaladas y, al mismo tiempo, conservar la cercanía con una ciudadanía que no busca discursos, sino respuestas, acompañamiento y justicia.

En esa delgada línea se mueve actualmente la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), encabezada por Víctor Leopoldo Delgado Pérez. A la distancia, su gestión ha comenzado a consolidar un sello propio que vale la pena analizar: una mezcla de firmeza institucional con una solvente capacidad de interlocución política en un estado -como ya dije- históricamente complejo.

Los organismos públicos de derechos humanos suelen ser juzgados desde dos extremos igual de exigentes. Por un lado, la opinión pública les demanda una contundencia implacable para señalar abusos, emitir recomendaciones e investigar violaciones a derechos fundamentales. Por el otro, la realidad operativa les exige construir puentes con las propias autoridades para que sus resoluciones no terminen archivadas como letra muerta en un escritorio, sino que se traduzcan en políticas públicas y cambios estructurales. 

La experiencia demuestra que una recomendación, por sí sola, no transforma realidades si no hay una contraparte dispuesta a cumplirla. Y es ahí donde entra el llamado «oficio político».

Por eso quienes observan de cerca la dinámica del poder en el Estado de México advierten que la gestión de Delgado Pérez ha apostado por una característica poco común en la actual escena pública: la capacidad de dialogar con todos los actores sin perder autonomía.

En la agenda de la CODHEM lo mismo se registra la atención a colectivos de la diversidad sexual, demandas de organizaciones feministas, causas de bienestar animal o revisiones a personas privadas de la libertad, que mesas de trabajo con los titulares de los tres poderes del Estado. 

Esta transversalidad no surge de la casualidad; es el resultado de años de trayectoria en el servicio público y del entendimiento de que la defensa de los derechos humanos requiere, forzosamente, sumar voluntades.

Bajo esa lógica, la comisión ha tejido redes de colaboración con las secretarías estatales de Bienestar, Salud y Trabajo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el DIFEM, e instancias de peso internacional como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Más allá de la fotografía institucional o el encuentro protocolario, el verdadero reto de esta red radica en su capacidad para aterrizar en capacitación, prevención y atención a grupos vulnerables.

Los indicadores tradicionales —emisión de recomendaciones, desahogo de expedientes e investigaciones iniciadas de oficio— muestran a una institución activa y con presencia territorial. Sin embargo, el principal activo en juego para el organismo sigue siendo la confianza ciudadana, un valor que se construye con lentitud y se destruye con rapidez.

El paso de los meses confirmará si esta combinación de técnica jurídica, sensibilidad social y oficio político es suficiente para consolidar la legitimidad de la CODHEM en el largo plazo. Por lo pronto, el método de Víctor Leopoldo Delgado Pérez ofrece una lectura relevante para el análisis local: en la defensa de los derechos humanos, la autonomía no está peleada con la colaboración institucional, y el entendimiento político puede ser, si se usa correctamente, una herramienta eficaz.

Estemos atentos.

Atajos

Por la derecha: El Ayuntamiento de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, llevó a cabo la entrega y encendido de más de 200 nuevas luminarias de alta tecnología en la delegación de San Gaspar Tlahuelilpan.

De acuerdo con información de la administración local, estas acciones forman parte de los programas de mejoramiento de la infraestructura urbana y de los servicios públicos municipales. La instalación de estos dispositivos de iluminación LED tiene como objetivo principal incrementar la visibilidad en las vialidades de la comunidad, optimizar el consumo de energía eléctrica mediante el uso de tecnologías eficientes y contribuir a la tranquilidad de los habitantes que transitan por la zona durante las horas de la noche.

Con este despliegue de equipamiento urbano en San Gaspar Tlahuelilpan, el gobierno municipal da continuidad a los trabajos de modernización del alumbrado público en las distintas delegaciones que conforman el territorio de Metepec.

Por la izquierda: La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que el acceso al agua por red es un derecho humano fundamental, por lo que su administración trabaja de manera prioritaria para dotar del líquido a las familias del municipio, especialmente en la Quinta Zona, un sector históricamente abandonado. Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal detalló que, gracias a una inversión histórica de mil 784 millones de pesos coordinada entre los tres niveles de gobierno, el suministro en dicha zona pasó del 30 al 85 por ciento en los primeros 500 días de su gestión. Asimismo, Cisneros Coss celebró que los ciudadanos acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a exigir este derecho a través de amparos, señalando que su exigencia es legítima y que el gobierno local no necesita de resoluciones judiciales para cumplir con su responsabilidad y dar soluciones.

Como parte del combate al «huachicoleo», la reparación de fugas y la modernización de la infraestructura a través del organismo Sapase, el municipio incrementó su disponibilidad de agua de 3 mil 597 a 4 mil 340 litros por segundo desde enero de 2025, beneficiando de forma directa a 641 mil familias. El director de Sapase, Francisco Reyes Vázquez, puntualizó que este avance ha sido posible gracias a la reactivación de 24 pozos que se encontraban inoperantes y a la reperforación de nueve que estaban colapsados, logrando contar actualmente con un total de 91 pozos en operación. Vecinos de fraccionamientos como Alborada de Aragón y Fuentes de Aragón asistieron al encuentro para respaldar las acciones gubernamentales, destacando el caso de una dirigente vecinal que decidió desistirse de su amparo tras comenzar a recibir agua de calidad en su domicilio.

Las autoridades municipales anunciaron la puesta en marcha de cinco obras estratégicas diseñadas especialmente para la Quinta Zona que iniciarán este año. Entre los proyectos principales destaca la construcción de una megaplanta potabilizadora en Valle de Júcar y un Tanque Maestro con capacidad de 10 millones de litros ubicado en Periférico y Canal de Los Remedios. A estas acciones se sumarán la implementación del sistema Linner para el sellado de fugas, la rehabilitación de cruceros y válvulas obsoletas, así como la edificación de una toma de agua en bloque conectada al Sistema Cutzamala, consolidando así la transición del suministro hacia un proceso de mejoramiento definitivo.