Callejón Informativo 

Por: José Alam Chávez Jacobo

• Poder Judicial del Edoméx proyecta modernización, justicia de puertas abiertas y combate a la impunidad en su segundo año.
• Integrantes del pleno, disciplina y administración analizan retos presupuestales, uso de IA y la reconstrucción del tejido social.
• Avanzan redefiniciones políticas en Metepec 
• Obras de infraestructura clave en Almoloya de Juárez 
• Facilita Coacalco construcción del Centro de Bachillerato Nacional «Margarita Maza

En una mesa de análisis, cinco integrantes del Poder Judicial del estado de México expusieron el balance del primer año bajo una nueva etapa, con la mitad de integrantes producto del voto popular a raíz de la gran reforma constitucional judicial, la evolución operativa y las proyecciones presupuestales y normativas para la entidad. En este ejercicio participaron Cristel Yunuén Pozas Serrano, Secretaria de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia; Nancy Flores Mendoza, Magistrada integrante del Tribunal de Disciplina Judicial; Pablo Espinosa Márquez, Magistrado integrante del Órgano de Administración Judicial; Xóchitlh Martínez Correa, Magistrada Presidenta del Tribunal de Alzada Especializado en Justicia Penal para Adolescentes y Max Alexánder Rábago, Magistrado en materia Civil.

Magistrado Max Alexánder Rábago 

De cara al arranque de su segundo año de funciones, el magistrado Max Alexander Rábago perfiló la ruta crítica del Poder Judicial mexiquense bajo una premisa central: priorizar la atención directa al ciudadano y asumir un papel activo en la restauración del tejido social. 

Al ser cuestionado sobre las exigencias de la sociedad y la rendición de cuentas tras su llegada al cargo, el juzgador sostuvo que, más allá del origen de los planteamientos, la obligación de jueces y magistrados es escuchar a las personas entre el mar de expedientes que resuelven a diario, garantizando decisiones apegadas a derecho pero con un rostro humano. 

En ese sentido, Alexander Rábago destacó que la proximidad con el justiciable dejará de ser una práctica aislada para convertirse en una norma institucional, toda vez que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla formalmente esta apertura. 

De acuerdo con el magistrado, la institución debe acelerar los cambios necesarios para garantizar que la actuación pública esté volcada en su totalidad a la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia. El integrante del tribunal encendió las alertas sobre la grave descomposición que se aprecia en los litigios civiles y familiares, donde con frecuencia se atienden casos de hijos que pretenden despojar de sus viviendas a padres mayores de 70 años, o familiares que inventan constancias para dañar el patrimonio de hermanos y tíos. Ante esta realidad, afirmó que la impartición de justicia no puede limitarse a la aplicación fría de la ley, sino que debe erigirse como un baluarte moral y ético capaz de promover la reconstrucción de la sociedad desde el núcleo familiar, evitando que la falta de contención derive posteriormente en tragedias o conductas delictivas en los jóvenes.

Magistrada Nancy Flores Mendoza 

Con el firme propósito de revertir los bajos índices de percepción ciudadana y consolidar un Poder Judicial sólido, ético y transparente, la integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, Nancy Flores, hizo un llamado abierto a la población para fortalecer la cultura de la denuncia y exigir una mayor cercanía por parte de los juzgadores. 

En un mensaje enfocado en la integridad y la rendición de cuentas, la magistrada apeló al lenguaje de los jóvenes para pedir que se ponga de moda señalar las irregularidades y confiar en los órganos de control institucional.

Flores explicó que este segundo año de gestión será clave para perfeccionar los mecanismos de evaluación integral de las personas juzgadoras. Señaló que este periodo servirá como una fase de aprendizaje e identificación de áreas de oportunidad, con miras al reto que representará el año 2028, cuando la cobertura del sistema de evaluación se expandirá de 84 a casi 500 jueces y magistrados. 

Ante este crecimiento exponencial de la carga de trabajo, advirtió sobre la necesidad de contar con un presupuesto más amplio que permita fortalecer la plantilla operativa del órgano disciplinario. 

Como parte de este nuevo modelo de puertas abiertas, la magistrada dio a conocer que los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina mantienen un rol semanal de atención presencial para escuchar directamente las dudas, quejas e inquietudes de los usuarios. 

Destacó que el objetivo no es intervenir en la estrategia legal de las partes, sino garantizar que los juzgadores salgan de sus privados y atiendan cara a cara a la sociedad, replicando la esencia del sistema acusatorio oral, donde el juez evalúa de viva voz los argumentos y pruebas para formarse un juicio pleno del caso.

Magistrado Pablo Espinoza 

El magistrado Pablo Espinoza, integrante del Órgano de Administración Judicial, reflexionó sobre la coordinación entre los tres entes institucionales —el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el propio Órgano de Administración—, el juzgador aseveró que el compromiso conjunto radica en materializar una justicia verdaderamente cercana a la población, caracterizada por la escucha, el diálogo y la atención oportuna a las exigencias sociales.

Subrayó que la modernización del Poder Judicial ya es un hecho tangible a través de la implementación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial orientadas a elevar la eficacia operativa. En ese sentido, puntualizó que la visión de trabajo trasciende la coyuntura del primer año de la actual gestión encabezada por el presidente Héctor Macedo; por el contrario, se proyecta una planeación estratégica a largo plazo que contempla el horizonte de los próximos seis a siete años, aprovechando la continuidad que otorga el esquema de presidencia por periodos. 

Remarcó que esta proyección presupuestal e institucional se sostiene en una gobernanza caracterizada por una comunicación fluida e interinstitucional con los otros poderes del estado. Además dejó en claro que la austeridad es real en este poder judicial.

Cristel Yunuen Pozas

 Al detallar su labor al frente de la Secretaría de Acuerdos del Pleno, Cristel Pozas explicó que su función sustantiva radica en ejecutar las determinaciones tomadas por los 58 magistrados que integran el máximo órgano colegiado del Poder Judicial mexiquense. 

Al encontrarse en el punto de contacto entre las funciones jurisdiccionales y los órganos administrativos, la funcionaria ofreció un panorama claro sobre la realidad operativa de la entidad y la urgencia de adoptar modelos innovadores de impartición de justicia. 

Pozas coincidió con la postura de la presidencia del tribunal al advertir que el número de jueces y juezas en la entidad resultará siempre insuficiente frente a la demanda social, toda vez que el Estado de México se ubica por debajo de la media nacional en juzgadores por habitante. 

Con una desproporción operativa de 18 millones de mexiquenses atendidos por apenas 413 jueces y 57 magistrados, la secretaria advirtió que resolver la totalidad de las controversias mediante el dictado de sentencias tradicionales es una meta prácticamente imposible de sostener a futuro. 

Ante este panorama, enfatizó que la apuesta estratégica de la institución se centra en abatir el rezago a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, la justicia restaurativa y el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, herramientas diseñadas para solucionar los conflictos de fondo y no solo en el plano procesal. 

En ese sentido, destacó proyectos de vanguardia tecnológica como el Juzgado Libre, enfocado en atender a mujeres víctimas de violencia mediante el uso de inteligencia artificial para medir niveles de riesgo y emitir soluciones pragmáticas contra los agresores.

Magistrada Xóchitlh Martínez Correa 

Al reflexionar sobre la operatividad del sistema de justicia penal en la entidad, la magistrada Martínez subrayó que el compromiso cotidiano del Poder Judicial se mantiene ininterrumpido, destacando que el rubro de justicia para adolescentes exige una atención especializada, diferenciada e integral por parte del Estado. 

La juzgadora conceptualizó que juzgar a personas en desarrollo implica una distancia abismal respecto a la justicia para adultos, por lo que no basta con contar con salas o juzgados dedicados a la materia, sino que se requiere la profesionalización continua de todos los actores del sistema, desde ministerios públicos y defensores hasta asesores y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

La magistrada sostuvo que las instituciones deben enfocar sus esfuerzos en atender el origen estructural de los conflictos con la ley penal, identificando el uso desmedido de las redes sociales como un factor determinante en el incremento de adolescentes involucrados en conductas delictivas. 

Sin embargo, precisó que la contención de este fenómeno no recae de forma exclusiva en las autoridades, sino que debe asumirse como una responsabilidad compartida con los padres de familia. 

En ese sentido, remarcó que el Poder Judicial tiene el compromiso ético e institucional de ir más allá del proceso legal para brindar acompañamiento, dar seguimiento a los casos y concientizar a los tutores sobre la importancia de establecer límites claros en el entorno familiar. 

De acuerdo con Martínez, la prevención y la comprensión del contexto social de los jóvenes resultan indispensables para evitar que se vean inmersos en el sistema penal y garantizar una efectiva reintegración en la sociedad.

La Mesa de Análisis completa se puede ver en el siguiente link: https://www.facebook.com/reel/2596449804149024

Atajos

Por la izquierda: El encuentro entre figuras de diversa extracción partidista en Metepec —con la participación de Carolina Monroy por la agrupación Somos, Carlos Santiago Vega de Movimiento Ciudadano, el regidor verde ecologista, Omar García Mendieta y el ex edil panista Lenin Díaz— constituye un claro síntoma de la reorganización política en diversos puntos del Estado de México. De cara al proceso electoral de 2027, este tipo de reuniones adquiere una relevancia estratégica, pues anticipa un escenario de probables alianzas, sumas individuales o reconfiguraciones de bloques locales que buscan posicionarse con peso propio en las futuras definiciones de candidaturas. En un municipio políticamente clave como Metepec, el movimiento temprano de estos actores sugiere que la disputa por los espacios de representación no se limitará a las estructuras partidistas tradicionales, sino que incorporará nuevos frentes y acuerdos que podrían alterar significativamente el mapa político municipal.

Por la izquierda2: El presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, encabezó una gira de trabajo de dos días para entregar y poner en marcha diversas obras de infraestructura orientadas en la movilidad y garantizar el acceso a servicios básicos en distintas comunidades del municipio. Las acciones contemplaron desde la pavimentación de accesos clave con materiales de alta durabilidad hasta la reactivación de infraestructura hidráulica que llevaba años en el abandono, como parte de un programa integral para recuperar la obra pública local. En la Cabecera municipal, el edil entregó el encementado de la calle Juan Escutia, vialidad que diariamente registra el paso de más de 7 mil personas y que fue intervenida de manera complementaria con la jornada comunitaria «Pueblo y Gobierno». De igual forma, en la Cabecera Segunda Sección se concretó la modernización de la calle Miguel Hidalgo, principal vía de acceso al Jardín de Niños «Rey Izcóatl», beneficiando directamente a más de 7 mil alumnos, padres de familia y personal docente mediante un camino seguro y diseñado para no deteriorarse a corto plazo. En materia de servicios e interconexión vial, Solís Gómez dio inicio a la rehabilitación de un tanque de agua potable de 60 mil litros en la comunidad de Rosa Morada —inactivo desde hace tres años—, proyecto que contempla una nueva bomba, cambio de tubería y una línea de distribución de tres kilómetros.

Por el centro: El Gobierno Municipal de Coacalco encabezado por el presidente municipal David Sánchez Isidoro concretó una serie de acuerdos, en Cabildo, orientados al fortalecimiento de la infraestructura urbana y la ampliación de la oferta educativa en la demarcación. Entre los puntos aprobados por el cuerpo edilicio se encuentra la asignación y desarrollo del terreno donde se construirá el Centro de Bachillerato Nacional «Margarita Maza», ubicado en la comunidad de San Rafael. Este nuevo plantel de nivel medio superior busca atender la demanda educativa de los jóvenes del municipio y brindar mejores oportunidades de desarrollo académico. Al respecto, el alcalde Sánchez Isidoro destacó que los avances en el municipio se sustentan en la disciplina financiera y la planeación estratégica. «Los buenos resultados también se construyen desde las decisiones que tomamos», señaló el edil, enfatizando que las determinaciones asumidas en la sesión de Cabildo permitirán optimizar el uso de los recursos públicos en beneficio directo de la ciudadanía.