Callejón Informativo / 25 de Mayo 2020

Callejón Informativo
Por: José Alam Chávez Jacobo

Ley de Amnistía plantea 17 días, desde la solicitud hasta liberación del interesado
Contempla delitos derivados al aborto
Comisión Especial de Diputados analizarían asuntos ligados a violaciones de derechos humanos inderogables
Quien no cumpla con las solicitudes sería sujeto de sanciones
Contuvo gobierno de Huixquilucan propagación de casos de coronavirus
Murió Armando Portuguéz, actor político clave en el PRD
Obligada por las circunstancias, reconoce Secretaría de Seguridad casos de contagios

Los Grupos Parlamentarios del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido del Trabajo (PT), respectivamente, presentaron iniciativas de Ley de Amnistía para el estado de México, para la cual plantean una respuesta de 17 días hábiles, desde el momento en que el interesado solicite el perdón del delito hasta que sea liberado.

Tal como se preveía, las iniciativas beneficiarían a quienes fueron recluidos por delitos relacionados con el aborto o interrupción ilegal del embarazo, tema que no se abordó en su momento, a pesar de la exigencia de diversos sectores interesados o de la sugerencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México.

La iniciativa que ya fue enviada a Comisiones Legislativas, refiere que “del 100 por ciento de la población privada de la libertad, tan solo el 17 por ciento delinquió previamente y admitió haber estado en una cárcel, siendo el delito de robo el de mayor comisión con el 65.9 por ciento”.

Indica además que “83 por ciento de la población privada de la libertad son delincuentes primarios recluidos por delitos patrimoniales como el robo”.

El documento prevé que la solicitud de amnistía podrá ser presentada por la persona interesada, algún representante, familiares, e incluso, por organizaciones u organismos públicos defensores de derechos humanos.

En el proceso participarán los Poderes Judicial y Legislativo, a través de una Comisión Especial, así como los órganos autónomos, Comisión de Derechos Humanos y
la Fiscalía General de Justicia, así como sus Fiscalías Centrales o Especializadas.

La Comisión Especial dará seguimiento a los asuntos que se traten de violaciones graves a los derechos humanos considerados inderogables, crímenes de lesa humanidad, se cuente con resoluciones de algún organismo internacional, nacional o local de derechos humanos, donde se recomiende o requiera la libertad de la persona o en las que se hayan determinado violaciones al debido proceso.

La Ley considera el perdón por cualquier delito previsto en leyes especiales cuando la pena máxima no exceda de 10 años de prisión y cuando menos haya compurgado la mitad de la pena y mostrado buena conducta durante su internamiento.

También incluye delitos por sedición, políticos y contra la administración pública previstos en el Código Penal, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de rebelión previsto en la hipótesis del artículo 108 del Código Penal, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida o lesiones graves a otra persona.

La Amnistía beneficiará a quienes hayan incurrido en el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal, cuando sea imputable: a la mujer que interrumpa su embarazo; así como a los médicos cirujanos, enfermeras o enfermeros, parteras o parteros u cualquier otro profesional, técnico o auxiliar de la salud, que hayan auxiliado para su comisión, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la fémina.

Otro delito que considera son aquellos contra la salud, cuando sean de competencia local en términos de lo señalado en los artículos 474, 479 y 480 de la Ley General de Salud; así como ilícitos imputados a personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, a pueblos y comunidades.

Las iniciativas de ley estipulan el perdón a mujeres acusadas y sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad o de sus descendientes; así como a quienes se encuentren en prisión preventiva, cuando está haya excedido de dos años.

Ahora bien, “la autoridad judicial contará con tres días hábiles para acordar la admisión de la solicitud o, en su caso, prevenir al solicitante la falta de algunos de los requisitos antes señalados y quien dentro del término de tres días hábiles deberá desahogar su prevención”.

Cuando se otorgue la amnistía, el juez o magistrado deberá mandatar la notificación a las autoridades competentes para decretar la libertad o el desistimiento del ejercicio de la acción penal, según corresponda, para que en el plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la notificación que se les haga, se ejecute lo procedente.

Los diputados proponen que el presidente del Poder Judicial deberá incluir en su informe anual de actividades, las solicitudes de amnistía y el procedimiento que se siguió en consecuencia.

Además ordenaría que “los servidores públicos que no cumplan en tiempo y forma con las obligaciones de su competencia establecidas en la Ley de Amnistía, deberán ser sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México o el Código Penal, según corresponda”.

Habrá que ver la postura de los Grupos Parlamentarios de oposición a MORENA y sus aliados, sin embargo es prioridad para los de mayoría.

Atajos

Por la derecha: El municipio de Huixquilucan se colocó en la posición número 16 en la lista de las demarcaciones con mayor número de casos positivos de coronavirus, lo que de alguna manera confirma el resultado de diversas encuestas de opinión pública, en torno a las decisiones del gobierno local, a cargo de Enrique Vargas del Villar, para manejar esta problemática.
En los primeros días de que el coronavirus, ya catalogado como pandemia, comenzó a propagarse en el estado de México, el municipio que concentró el mayor número de casos fue Huixquilucan, sin embargo las autoridades de salud atribuyeron esto a que ahí se localiza el hospital privado más grande de la entidad, misma que tenía la autorización para realizar pruebas PCR del virus.
No obstante, la situación advertía el riesgo de que el covid-19 saliera al municipio y se convirtiera en un problema grave. Enrique Vargas tomó medidas contundentes para prevenir este riesgo, además la ciudadanía atendió el llamado para implementar medidas de higiene y sana distancia, lo que dio buenos resultados.
El gobierno municipal pidió a los habitantes no bajar la guardia, ya que aún se está en los días más fuertes de transmisión del virus, por lo que se debe permanecer en casa y si alguien tiene que salir, lo haga siempre usando el cubre boca y conservando la distancia.

Por la izquierda: El fin de semana perdió la vida Armando Portuguéz Fuentes, presidente Municipal de Tultepec, un personaje que consolidó liderazgo en la región y además significaba un capital importante para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político que también pierde una baja considerable.
El suplente de Portuguéz es Marco Antonio Cruz Cruz, hombre de toda su confianza, quien ocupó dicha posición como diputado, cargo que asumió en algún momento cuando el primero referido solicitó licencia.
Habrá que ver si en el reacomodo natural se le permite rendir protesta como presidente Municipal para cumplimentar el periodo para el que fue electo el ayuntamiento en funciones.
Armando Portuguez, perdió la vida a consecuencia de un infarto agudo al miocardio. Fue un importante defensor de los municipios perredistas, ante el gobierno federal, en el recorte de presupuesto a las comunas.

Por el centro: Luego de que se dio a conocer el deceso de Guadalupe Buendia, mejor conocida como “La Loba”, por consecuencias del coronavirus, la Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó que en sus filas se reportan 68 casos positivos de COVID-19, y 228 casos sospechosos.
De acuerdo con información de la dependencia, 19 casos de COVID-19 se registraron entre el personal administrativo y operativo de la Secretaría, en tanto 11 más es personal del sistema penitenciario, cuatro son elementos de la Policía estatal y cuatro más en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).
Se calcula que de los 22 mil servidores públicos que laboran en la Secretaría de Seguridad, el uno por ciento ya están infectados con el virus, es decir 228 casos, estos se dividen en 50 elementos de la Subsecretaría de Policía Estatal, 146 de la Subsecretaría de Control Penitenciario y 32 del C5, quienes han sido puestos en cuarentena para el cuidado de su salud y el de toda la gente a su alrededor, señala el comunicado de la dependencia.
Del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad 19 personas han fallecido.
Respecto al sistema penitenciario la autoridad estatal informó que siete Personas Privadas de su Libertad (PPL) han dado positivo al COVID-19, de las cuales tres ya fallecieron y cuatro han sido dadas de alta.
Por el momento 71 reclusos se encuentran aisladas y en vigilancia médica, ya que son casos sospechosos de contagio de coronavirus.

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