Callejon Informativo

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Por: José Alam Chávez Jacobo

Recurso de inconstitucionalidad de CNDCH en contra de Ley de Seguridad Interior
El Recurso se sustenta en 10 potenciales riesgos
El argumento es que otorga facultades discrecionales genéricas con potenciales riesgos para los habitantes
Reúne Enrique Geyne a 700 líderes sociales de Atizapán de Zaragoza
Arropan a Ricardo Anaya cerca de cuatro mil personas en Tlalnepantla
Respaldan ortodoxos y Juan Pedro García a Froylán Santana en Huixquilucan

El recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior promulgada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que promovería el Ombudsman del país está cimentado en 10 potenciales riesgos que en resumen podrían considerarse como graves violaciones a los derechos humanos.

Los argumentos de los sectores que señalan violaciones a los derechos humanos por parte de la Ley de Seguridad Interior invocan los artículos séptimo, octavo, noveno, décimo primero, décimo sexto, y vigésimo sexto de la Carta Magna, en virtud de que la referida Ley otorga facultades discrecionales genéricas con 10 potenciales riesgos en agravio de los habitantes.

1.- Las fuerzas federales y militares podrán aplicar el uso de la fuerza y técnicas especiales de investigación, violentando derechos del arraigo para una sola persona (detención por simple sospecha), y el debido proceso;

2.- Violentan los derechos de petición y asociación contenidos en los artículos 8 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que con esta Ley, las fuerzas armadas podrán neutralizar las marchas de protesta legítima mediante el uso excesivo de la fuerza;

3.- Viola el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, mismo que se encuentra previsto en el artículo 6 de la referida Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Ley en comento indica que TODA LA INFORMACIÓN SERÁ CONSIDERADA DE SEGURIDAD NACIONAL, y con ello ataca y se vulnera la transparencia al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial;

4.- Otorga a las fuerzas armadas facultades de policía, con acciones preventivas a su criterio;

5.- No genera controles para verificar el respeto  a los Derechos Humanos, sino solo indica que “se respetarán”;

6.- No garantiza la regulación de la fuerza; y sólo se remite a protocolos deficientes y no supervisados;

7.- No estipula límite de tiempo a las afectaciones de la seguridad interior;

8.- No establece acciones efectivas e integrales para el fortalecimiento de los policías en los distintos órdenes y niveles de gobierno;

9.- Mantiene el estado actual de las cosas, al favorecer el uso discrecional de las fuerzas armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado emprender acciones coordinadas y efectivas; y

10.- La posibilidad de que las fuerzas armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos así como la violación a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas y obligar a todas las autoridades que entreguen cualquier información que sea requerida.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está facultada en el artículo 105 para actuar “en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte”.

Aunado a lo anterior, la reforma al Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Derechos Humanos de todas las personas deben protegerse y preservarse de conformidad al principio pro persona e interpretación conforme.

El presidente Enrique Peña ha dicho que la CNDH tiene la facultad de promover el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y que, en todo caso, la Suprema Corte de Justicia la última palabra en cuanto a su aplicación o no en México.

Atajos

Por el centro: Discreto pero el “pequeño” gran festejo que realizó Enrique Geyne, presidente de “Unidos Impulsando Atizapán AC” para apapachar a más de 700 líderes atizapenses en una cálida Posada de Fin de Año en el emblemático salón “La Victoria”, fue muy bien recibido en el municipio.
Es importante resaltar que ni un solo camión necesito este joven aspirante a candidato a Presidente Municipal por el Revolucionario Institucional (PRI) para que la gente asistiera al evento. Tampoco atendieron al llamado con la promesa de que habría rifas o regalos, como suelen operar otros políticos. Con lo anterior se observa que Enrique Geyne lleva tiempo trabajando en campo.

Por la derecha: Ricardo Anaya Cortés, el precandidato presidencial de “Por México al Frente” PAN-PRD-MC, estuvo en Tlalnepantla, municipio que en otro momento fue considerado un importante bastión político de Acción Nacional.
Anaya fue arropado por cerca de cuatro mil personas, así como sectores de los tres partidos como Víctor Hugo Sondón Saavedra, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN; Anuar Azar Figueroa, el coordinador del Grupo Parlamentario en la LIX Legislatura; Javier Salinas Narváez, diputado local del PRD; Sergio Mendiola Sánchez, diputado local, entre otros.

Por el centro2: Uno de los sectores que tradicionalmente ha tenido un peso relevante en Huixquilucan es la Iglesia Ortodoxa, cuyos feligreses son familias de la clase media alta del municipio, pues en Bosque Real se encuentra la Iglesia de San Pedro y San Pablo que en los últimos años ha sido escenario de importantes celebraciones.
Antonio Chedraoui Tannous, quien murió hace varios meses fue un influyente Arzobispo de la Iglesia Metropolitana Ortodoxa para México, Centroamérica y El Caribe, su sucesor es Ignacio Samaán.
Un personaje que fue muy cercano a Chedraoui y ahora de Samaán es Froylán Santana Gil, dirigente de “Más Fortalecimiento Partidista” en Huixquilucan, quien además de esta Iglesia tiene el respaldo del dirigente estatal de la organización política, Juan Pedro García Martínez.

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