Callejón Informativo / 09 de Enero 2020

Callejón Informativo
Por: José Alam Chávez Jacobo

Filtración de llamada del “monstruo de Toluca” podría beneficiarlo si se aplica la ley
Afecta el derecho de las familias de las víctimas
Debe castigarse a quienes entregaron la grabación a los medios
El Ombudsman inició una queja se oficio
Inicio de año positivo para el alcalde de Tejupilco
De vacaciones la alcaldesa de Metepec
Recibe Alfredo del Mazo a AMLO y gabinete de seguridad

Sería importante analizar en su justa dimensión las irregularidades que generó la “filtración” de la conversación telefónica entre “Óscar N”, mejor conocido como el “monstruo de Toluca” y su madre, pues más allá del morbo que provocó el contenido de la misma, implica responsabilidades de tipo penal, además afecta el derecho de las familias de las víctimas, sin perder de vista que este personaje podría beneficiarse si se aplica de forma correcta lo que marca la ley.

Quizá por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) actuó de manera contundente al iniciar la queja bajo el expediente CODHEM /TOL/11/2020, con fecha 8 de enero de 2020, con lo que se confirma que la “filtración” debería entenderse como un exceso por parte de quien grabó la llamada telefónica y la entregó posteriormente a los medios informativos. A los responsables se les deben fincar responsabilidades.

El asunto es simple, tanto las autoridades penitenciarias como la Fiscalía General de Justicia mexiquense conocen los protocolos para llamadas telefónicas de los internos, por ello deben saber quién grabó la conversación.

El audio fue difundido por el periodista Héctor de Mauleón, en la columna publicada en el periódico “El Universal”, el pasado 7 de enero, en el que se escucha la presunta conversación telefónica entre Óscar “N y su madre, luego fue retomada por otros informativos.

Ahora bien, en caso de que se trate de una llamada real -como parece serlo- proporcionada ilegalmente a un medio de comunicación, se afecta el derecho de las familias de las víctimas de los delitos cometidos por Óscar “N”, a no ser sujetos de victimización secundaria.

La victimización secundaria deriva de mecanismos o procedimientos que agravan su condición, obstaculizan e impiden el ejercicio de sus derechos y las exponen a sufrir un nuevo daño por actos u omisiones de autoridades o personas servidoras públicas.

Por otro lado se advierte la probable responsabilidad de los servidores públicos que tienen acceso a las grabaciones de las llamadas de internos con sus familiares, porque de alguna manera fue entregada esta a un medio de comunicación para su difusión.

Esta acción podría afectar además el proceso legal que se le sigue al llamado “monstruo de Toluca” y, en una situación muy desafortunada e indeseable, podría ser usada a su favor.

Es importante subrayar que la Ley General de Víctimas define a la dignidad como el valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás, en tal virtud implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

Por lo anterior todas las autoridades tienen la obligación de respetar la dignidad humana de las víctimas, a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

El artículo séptimo, precisamente en relación a los derechos de las víctimas, establece que debe favorecerse en todo tiempo la protección máxima de sus derechos; y en su fracción VIII, enfatiza la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole.

Más adelante, el artículo 120 refiere que “todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán entre otros deberes, el de evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de la víctima en los términos del artículo quinto”.

Por ello queda claro que más allá del morbo que generó la llamada telefónica, el asunto debe analizarse con claridad, entendiendo las implicaciones, pero como suele ocurrir, quedará en la impunidad. Ni modo.

Atajos

Por la izquierda: El alcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas, inició muy bien el año, en el tema personal se estrenó como papá, con el respaldo de su gente, luego de que en meses anteriores fue objeto de guerra sucia que finalmente quedó en eso, los primeros días del 2020 visitó diversas comunidades y festejó a los menores con la presentación de los enanitos toreros en el marco del “Día de Reyes”, además entregó obsequios.
En términos políticos, Anthony Domínguez está fortalecido al interior de su partido, MORENA, mientras que la oposición se mantiene desdibujada en la región.

Por la izquierda2: De forma contraria, la alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, sigue de vacaciones, no se le ha visto durante los primeros días de Enero, a diferencia de sus homólogos no dio a conocer festejos con motivo del “Día de Reyes”, pero es claro que mucho tiene que ver con su propia personalidad, siempre distante de la gente.
Habrá que ver cuál es la actitud de Gabriela Gamboa en 2020, pues queda claro que su primer año de administración no le alcanza para obtener una buena valoración y menos aún para aspirar a quedarse otro trienio.

Por el centro: El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza asistió a la inauguración del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM), que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este Centro que se encuentra en el Campo Militar No. 37, en Huehuetoca, tiene como objetivo capacitar y adiestrar a mujeres y hombres militares y corporaciones policíacas, así como de la sociedad civil, en materia de misiones de paz con la cooperación de la Organización de las Naciones Unidades (ONU). También asistieron Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación y Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad.

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